Una compleja investigación dirigida por la Fiscalía de Arica junto a la sección OS9 de Carabineros permitió detener a un imputado integrante de la organización criminal peruana denominada Los Pulpos, vinculada a delitos violentos y de extorsión.
La indagatoria estableció que el imputado, de nacionalidad chilena, cumplió funciones destinadas a identificar, vigilar, grabar e iniciar un primer contacto con víctimas, en su mayoría agricultores y comerciantes del Valle de Azapa. Tras ello, comenzaron a recibir amenazas para que realicen un pago mensual a la organización o de lo contrario serían víctimas de graves ataques contra su vida y propiedad.
El trabajo investigativo de la unidad de inteligencia y crimen organizado de la Fiscalía y de la unidad especializada de Carabineros se inició tras recibir denuncias respecto de que comerciantes de los valles estaban siendo objeto de extorsiones y mensajes intimidatorios. En este contexto, se desarrollaron diversas técnicas investigativas como toma de declaración, reconocimiento fotográfico, análisis de cámaras, de teléfono y vigilancias, que permitieron dilucidar la participación del imputado de nacionalidad chilena, de 33 años, con antecedentes policiales por hurto, Ley 20.000 y amenazas.
El OS9 estableció que el modus operandi consistía en concurrir a los locales de venta de insumos agrícolas en el sector de Azapa, solicitando contactos y realizando grabaciones, para luego esos locatarios recibir extorsiones con amenazas de muerte en caso de no pago, gestionando a través del ministerio público la respectiva orden de detención.
Así, se estableció que el detenido realizó labores de perfilamiento e identificación de posibles víctimas, especialmente en el Valle de Azapa. Posteriormente, cumplió labores de vigilancia y registro audiovisual para conocer la rutina de dichas víctimas, iniciando un primer contacto con éstas. A partir de ese momento, los afectados comenzaron a recibir mensajes extorsivos en sus teléfonos en los que se les exigía un pago mensual a la organización. Si no cumplían, serían víctimas de graves atentados a su integridad, a la de sus familiares, trabajadores y contra sus negocios. En la comunicaciones, enviadas desde números peruanos y chilenos, se exhibía el poder de fuego de la agrupación, mostrando diversas armas, como granadas de guerra, entre otras.
