La jueza de Garantía de Arica desestimó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía contra funcionarios y exfuncionarios investigados en el caso Bienes Nacionales. El fallo acogió los argumentos de los defensores públicos Rodrigo Torres, Jorge Videla y Carlos Miranda, quienes demostraron deficiencias en la imputación.

En una extensa audiencia de más de 10 horas, la jueza de Garantía de Arica, Ana Paula Sepúlveda Burgos, rechazó la solicitud de prisión preventiva para ocho imputados investigados por corrupción en la Seremi de Bienes Nacionales, tras acoger los planteamientos de la Defensoría Penal Pública de Arica y Parinacota. El tribunal consideró que la Fiscalía no presentó antecedentes claros ni suficientes para acreditar delitos como asociación ilícita, cohecho o violación de secreto.

La magistrada señaló en su resolución que la exposición del Ministerio Público careció de rigurosidad y que no logró acreditar, mediante documentos esenciales, la calidad de funcionarios públicos de los imputados, requisito indispensable para configurar el delito de cohecho. Asimismo, entendió que no existe una asociación ilícita, haciendo suyos los argumentos de la defensa, y cuestionó la omisión de acciones respecto de particulares que también habrían participado en los hechos.

En representación de los imputados, el equipo de defensores públicos integrado por Rodrigo Torres, Jorge Videla y Carlos Miranda encabezó la estrategia que permitió evidenciar las falencias de la investigación.

El defensor local jefe Rodrigo Torres Díaz, valoró la resolución y destacó la importancia de un debido proceso:

“No hay delito. La magistrada fue clara en que no existen antecedentes para acreditar asociación ilícita, cohecho ni violación de secreto. Esto es relevante por la exposición pública que han tenido nuestros representados, pero en definitiva es en el tribunal donde deben probarse los hechos que sostiene la Fiscalía, y no puede ponerse en riesgo la libertad de una persona sin existir los debidos fundamentos para ello”.

Por su parte, el defensor penal público Jorge Videla Herrera, subrayó el rigor técnico en investigaciones de este tipo:

“En casos de corrupción se requiere que la Fiscalía presente una conexión clara entre los hechos, los documentos y las figuras penales que invoca. En esta audiencia se evidenció que no se cumplían los requisitos legales, lo que fue recogido por el tribunal al rechazar la prisión preventiva”.

Finalmente, todos los imputados quedaron en libertad con medidas cautelares de menor intensidad, como firma mensual y arraigo nacional.