Imputados enfrentarán la investigación en libertad.

La decisión confirma que los tres funcionarios de Gendarmería imputados por omisión en la muerte de un interno enfrentarán la investigación en libertad, tras desestimarse la existencia de antecedentes suficientes para justificar la existencia del delito.

La Corte de Apelaciones de Arica rechazó este viernes 1 de agosto el recurso presentado por el Ministerio Público, que intentaba revertir la decisión del Juzgado de Garantía de no aplicar prisión preventiva a tres funcionarios de Gendarmería imputados por el presunto delito de homicidio simple por omisión, en el contexto de la muerte de un interno ocurrida en diciembre de 2024.

El tribunal de alzada declaró inadmisible el recurso interpuesto por la Fiscalía por defectos de forma en su interposición, ratificándose como consecuencia lo resuelto previamente por la jueza Ana Sepúlveda Burgos, quien durante la audiencia de formalización determinó que no existían antecedentes que permitieran vincular de forma directa y dolosa a los gendarmes con el fallecimiento del interno, desestimando con ello los presupuestos legales necesarios para la medida cautelar solicitada.

La defensa técnica de los funcionarios fue asumida por los defensores públicos Rodrigo Torres Díaz y Ginger Riffo Gaete, quienes valoraron tanto la resolución del tribunal de garantía como la ratificación posterior por parte de la Corte de Apelaciones.

“Desde el primer momento sostuvimos que no existían antecedentes que justificaran la existencia del delito ni la participación de nuestros representados, y mucho menos una medida tan gravosa como la prisión preventiva. Esta resolución reafirma que las cautelares deben aplicarse con estricto apego a la legalidad y a los derechos fundamentales”, señaló el defensor Rodrigo Torres.

Por su parte, la defensora Ginger Riffo destacó que “el sistema penal exige un estándar probatorio mínimo para afectar derechos fundamentales. En este caso, ese estándar simplemente no se cumplía. Lo que ha ocurrido es una señal de respeto al debido proceso”.

Con esta decisión, el proceso continuará en etapa de investigación, con un plazo de 90 días, tal como fue determinado en primera instancia.