La Defensoría Penal Pública de Arica y Parinacota obtuvo el sobreseimiento definitivo de un ciudadano boliviano que permaneció en prisión preventiva durante dos meses, pese a que la investigación nunca acreditó su participación en los delitos imputados.

El Tribunal de Garantía de Arica decretó el sobreseimiento tras concluir que su inocencia respecto de los hechos investigados estaba plenamente acreditada. El transportista, de 52 años, fue detenido el 14 de abril de 2025 en el sector de Poconchile, mientras conducía su camión desde Bolivia. En el vehículo viajaban otras cinco personas bolivianas, tres de las cuales portaban bolsos con 42 kilos de marihuana.

El Ministerio Público le imputó inicialmente los delitos de tráfico de drogas y tráfico de migrantes, decretándose su prisión preventiva. Sin embargo, desde el inicio de la investigación, la defensa cuestionó la existencia de pruebas que lo vincularan a los hechos.

Durante el proceso, el propio Ministerio Público reconoció que no existía evidencia de que el conductor del camión hubiera facilitado el ingreso clandestino de personas al país, aunque mantuvo la imputación por tráfico de drogas. No obstante, peritajes a su teléfono celular y declaraciones de funcionarios policiales permitieron descartar cualquier vínculo con la droga incautada, a diferencia de los coimputados que sí fueron investigados por ese ilícito.

El 14 de junio de 2025, el tribunal revocó su prisión preventiva, valorando su arraigo, la ausencia de antecedentes y los testimonios que lo desligaban de la droga. Finalmente, el 8 de agosto, y pese a la oposición de la Fiscalía, se decretó su sobreseimiento definitivo por ambos delitos.

“Este caso evidencia un problema estructural en la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva. No es aceptable que una persona esté privada de libertad por meses sin pruebas que sustenten imputaciones tan graves como las que se realizaron a mi representado. Esto debe llevar a todos los actores del sistema procesal penal a una reflexión profunda sobre cómo estamos administrando justicia”, afirmó el jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública de Arica y Parinacota, Cristián Martín Castro.

Por su parte, el transportista boliviano expresó que “fueron dos meses muy duros, estuve lejos de mi familia, de mi trabajo y sin haber hecho nada malo. Mi hogar quedó en una situación muy vulnerable, tanto emocional como económicamente, porque soy el único sustento”.

Añadiendo que “al no poder trabajar, me endeudé aún más, ya que cada mes debo pagar el crédito bancario por la compra de mi camión. Además, me dañaron emocionalmente y ahora que estoy libre, estoy retomando mi trabajo para recuperar lo que perdí, todo por el solo hecho de ayudar a algunas personas. Agradezco a la Defensoría por creer en mí y demostrar mi inocencia”.

El caso vuelve a poner en debate la necesidad de contar con investigaciones sólidas y respetuosas de las garantías procesales, así como de aplicar con prudencia las medidas cautelares privativas de libertad, evitando que personas inocentes pasen meses encarceladas sin pruebas suficientes en su contra.